Funerarias contra el entierro “exprés”

El proyecto de ley de servicios funerarios que trata de liberalizar el sector permite enterrar a un fallecido antes de 24 horas

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E. OCAMPO – VIGO El nuevo proyecto de ley de servicios funerarios, que el Gobierno propone como modo de agilizar y abaratar costes no es bien recibido por el sector de las empresas funerarias. Varias asociaciones que aglutinan a firmas de todo el país aseguran que en el intento de “liberalizar” el sector del Gobierno, se propicia que afloren empresas de intermediarios, que podrían incluso cobrar comisión a las empresas tradicionales.
Pero otro de los aspectos que levanta ampollas entre los empresarios de pompas fúnebres es la “ausencia” –como califican– o vacío en aspectos sanitarios y de salubridad. Entre otras cuestiones, el proyecto que baraja el gobierno permitirá enterrar a una persona antes de que pasen las 24 de su fallecimiento. Y tampoco estipula, por ejemplo, a qué tratamientos deberán ser sometidos los cadáveres. Bajo esta norma –sostienen–el cadáver podrá estar 168 horas dentro del ataúd sin preparación ni conservación.
A continuación se desgranan las principales características del proyecto de ley de servicios funerarios, aprobado el 17 de junio en el Consejo de Ministros, que se prepara, pero cuenta con el rechazo de gran parte del sector.
La normativa, que pasará a las Cortes, busca –según asegura el Gobierno– abrir el mercado de las funerarias, un sector tradicionalmente muy cerrado para garantizar que los ciudadanos puedan escoger la mejor empresa, la que les da un mejor precio y servicio.
No habrá que esperar 24 horas para enterrar a un fallecido. Se podrá elegir, además, cualquier funeraria de España para que se ocupe del cortejo fúnebre o el tratamiento pertienente. Ésta tendrá que entregarle un presupuesto gratuito y vinculante que desglose los gastos a afrontar. Si el fallecido tenía un seguro de decesos, que cubre los gastos y las gestiones, la compañía aseguradora tendrá que ofrecer a la familia varias funerarias para elegir.
Rebaja económica
Los servicios funerarios están liberalizados desde 1997. Ese año se permitió a las empresas privadas entrar en el sector, lo que acabó –l menos teóricamente– con el monopolio de un mercado que cada ejercicio mueve mil millones de euros.
Con la nueva ley, el Gobierno prevé eliminar algunas trabas como cargas administrativas que deben afrontar las empresas. El objetivo, aseguran, es que el ahorro económico derivado de la reforma repercuta en el consumidor. Las facilidades lograrán que entren nuevas empresas en el sector, y también que las que ya existen den a los clientes precios más competitivos. Actualmente, los gastos básicos que supone un fallecimiento –coche fúnebre, gastos del tanatorio y una corona de flores– están entre 1.800 y 2.000 euros, según la Asociación Nacional de Servicios Funerarios Panasef. La medida del Gobierno afectará a las más de 1.600 funerarias registradas en España.
Pero otras cuestiones, como la conservación de los cadáveres, se han tropezado con las críticas del sector. El presidente de Funerarias reunidas y miembro de Panasef, Antonio Pesquera, ha criticado que en la nueva norma solo se exge que a los cadáveres se les coloque un “material esponjoso” a partir de las 72 horas de la muerte. Y así podrían estar dentro del ataúd hasta las 168 horas; es decir, siete días.
En el mismo punto de la crítica coincide el director de Emorvisa en Vigo, Pedro de Diego, que echó de menos la consulta del Gobierno al sector:”A mí me parece bien la liberalización, pero vamos a ser serios: lo mínimo que se le exige a un bar es un manipulador de alimentos, si el nuevo operador quiere trabajar en funerarias, debería prepararse”. De Diego también teme que “ante la falta de profesionalida de los nuevos operadores se creen intermedidarios, que podrían pedir comisión. “Ante su desconocimiento del sector, si quieren operar y no saben prestar el servicio, es probable que nos reclamen”, explica.
El proyecto de ley elimina para las empresas la exigencia de disponer un mínimo de personal, coches fúnebres o salas de velatorio para abrir un negocio. Algo que no gusta a Panasef, que sostiene que con la reforma será igual de fácil abrir una funeraria que una peluquería. “Esto puede provocar el nacimiento no ya de nuevas empresas, sino de intermediarios. Y si esto ocurre, en lugar de bajar los precios se incrementarán y bajará la calidad”, argumenta Sánchez.
Sin peligro a las 24 horas
“Antes se esperaba 24 horas por temas del Registro Civil, y por si no había una muerte efectiva. Hoy en día hay medios suficientes para saber cuando hay muerte cerebral efectiva”, explican fuentes del ministerio de Economía. La tecnología, que permite ver si hay actividad cardiorespiratorio o cerebral, es ahora muy superior a las de hace 40 años, cuando surgió la medida. Para el Gobierno, que define el sistema actual como “obsoleto”, la reforma era ya muy necesaria. “La gente en esos momentos paga lo que le piden al estar bajos de defensa”, reconoció el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba tras la aprobación del texto.
Las asociaciones de consumidores valoran la nueva ley. Sin embargo, echan de menos referencias expresas al derecho del consumidor. “Debería también incluir sanciones para garantizar la libre competencia y la libertad de elección. Es la única manera de que las empresas no se aprovechen de la situación de dolor de las familias que tiene que actuar con rapidez y desconocimiento”, explica Eugenio Ribón, responsable de servicios jurídicos de CEACCU.

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